Levantamiento de los Generales Valle y Tanco en 1956

La Revolución Libertadora derrocó a Juan Domingo Perón en septiembre de 1955. Había miles de presos políticos, entre ellos algunos militares peronistas detenidos en el buque-prisión "Washington", internado aguas adentro del Puerto de Buenos Aires. Allí estaban los generales Juan José Valle y Tanco, entre otros oficiales. Conspiraban para diseñar un movimiento que exigía: cese de la persecución al peronismo; restitución de la Constitución de 1949, y libertad a los presos políticos.

General Valle y General Aramburu y Almirante Rojas

Conductores del movimiento eran: generales Valle y Tanco; los coroneles Cogorno, Alcibíades Cortínez, Ricardo Ibazeta; capitán Jorge Costales, entre otros.

Aramburu y Rojas (Presidente y Vice del gobierno), sabíendo de la conjura, deciden no abortarla. Así en la noche del 8 de junio de 1956 son apresados cientos de dirigentes gremiales para restar base social al movimiento. Aramburu viaja ese día a la provincia de Santa Fe, y deja el decreto 10.362 de Ley Marcial, y preparados los decretos 10.363/56, de pena de muerte, y el 10.364 de las personas a fusilar. Los decretos eran correlativos y se publicaron así en el Boletín Oficial con posterioridad.
Valle y Tanco, en la clandestinidad, lanzan la asonada.

Se leería la "proclama revolucionaria", a las 23 del 9 de junio. La instrucción a los insurrectos para lanzarse a la acción debía ser escuchar una pelea por radio en el Luna Park, de Buenos Aires. El equipo de Valle estuvo comandado por el coronel José Irigoyen, el capitán Costales y varios civiles. Eran las 22. La radio se instaló en la Escuela Técnica N° 5 "Salvador Debenedetti" en Avellaneda. Pero a las 22:30, un comando del gobierno los arrestó a todos. La proclama sólo se escuchó en la provincia de La Pampa, donde actuaba el coronel Adolfo Philippeaux.

Otros lugares de la alzada eran: Campo de Mayo, sublevado por los coroneles Ricardo Ibazeta y Eduardo Cortínez; el Regimiento II de Palermo, por el sargento Isauro Costa; la Escuela de Mecánica del Ejército, por el mayor Hugo Quiroga; el Regimiento 7 de la Plata, por Cogorno; el grupo de civiles, entre otros, operando en Florida, en la calle Hipólito Yrigoyen 4519, donde se reunieron los Lizaso, Carranza, Garibotti, Brión y Rodríguez y Troxler, entre otros. Además, hubo civiles armados y militares que intentaron sublevarse en Santa Fe, Rosario (tomaron por varias horas exitosamente el Regimiento), Rafaela, Viedma. Excepto en La Pampa, la mayoría de los jefes de la sublevación fueron apresados. Ante el fracaso del levantamiento, el general Tanco se dirige a Berisso y debe huir y esconderse. Mientras el general Valle se oculta en Buenos Aires, en la casa del político mendocino amigo, Adolfo Gabrielli, ante la certeza de que el movimiento había sido delatado y fracasado.

Desarrollo del movimiento

Los levantamientos fueron entre las 22 y las 24 del 9 de junio. El gobierno establece a las 0:32 del 10 de junio la Ley Marcial por el decreto de Aramburu, Rojas, los ministros de Ejército, Arturo Ossorio Arana, de Marina; Teodoro Hartung; de Aeronáutica, Julio César Krause y de Justicia, Laureano Landaburu. Es decir, que para aplicar la ley marcial a los sublevados ésta debía ser aplicada con retroactividad al delito cometido, violando el principio legal de la irretroactividad de la ley penal. Pocas horas después, firman el decreto 10.363 que ordena fusilar a quienes violen la Ley Marcial. La masacre por fusilamiento estaba decidida por el gobierno de Aramburu. Entre las 2 y las 4, se asesina a los detenidos en Lanús. Horas más tarde, en los basurales de José León Súarez, la policía bonaerense, a cargo del teniente coronel Desiderio Fernández Súarez le ordena al jefe de la Regional San Martín, comisario Rodolfo Rodríguez Moreno, que ejecute, con armas cortas, a 12 civiles, de los cuales siete logran huir pero cinco mueren. Uno de los sobrevivientes, Juan Carlos Livraga, será el "fusilado que vive" que permite a Walsh reconstruir la historia.

En la Escuela de Mecánica del Ejército, el general Ricardo Arandía consulta telefónicamente a Aramburu, ya en Buenos Aires el 10 de junio al mediodía, sobre los detenidos. En Campo de Mayo, en tanto, el general Juan Carlos Lorio preside un tribunal que realiza un juicio sumarísimo. Concluye que los sublevados no deben ser fusilados. Pero Aramburu ratifica su decisión. Lorio pide que se deje por escrito. Aramburu y su gobierno, entonces, firman el decreto 10.364 que detalla la lista de once militares que deben ser fusilados (único documento de fusilar, oficialmente inscrito en la historia argentina).

No existen registros de esos juicios sumarios. No existe registro del informe forense que debió determinar la causa de la muerte.
El 12 de junio, Valle decide entregarse a cambio de que se detuviera la represión a su movimiento y se le respetara la vida. Le toca al antiperonista capitán de navío Francisco Manrique, enviado de Rojas, ir a buscarlo.

A las 14 de ese día, Valle ingresa con su amigo Gabrielli y Manrique al Regimiento I de Palermo donde es interrogado y juzgado por un tribunal presidido, también, por el general Lorio. Después, Valle es enviado a la Penitenciaría Nacional (demolido, actualmente es un parque), en la Av. Las Heras. El director del Museo Penitenciario, en 2005, Horacio Benegas, entonces recién ingresado al servicio, recuerda que "el 11 en la madrugada fueron fusilados tres militares" en la vieja penitenciaria de la Av. Las Heras. Valle fue alojado en el 6º piso. El clima psicológico en el penal era helado por lo tenso. La última que lo vio con vida fue su hija Susana Valle. Ese 12 de junio, a las 22:20, Valle fue fusilado con fusil Máuser 7,65 mm Mod. Arg. 1909, por un pelotón cuyos nombres se clandestinizaron como secreto de Estado. No hubo orden escrita ni decreto de fusilamiento. Ni registro de los responsables. El 13 de junio, cesó la ley marcial. El general Tanco con otros sublevados logró, el 14 de junio, asilarse en la Embajada de Haití en Buenos Aires, a cargo del embajador Jean Brierre. Pero el jefe del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), general Domingo Quaranta, invadió la delegación para secuestrar y detener a los asilados. Pero el haitiano Briere, con arrojo, logró salvarlos. El saldo de esas 72 h de junio de 1956 fue trágico y premonitorio: 18 militares y 13 civiles asesinados.

Existe el Registro "Detenidos especiales, 1956" Penitenciaría Nacional (Ministerio de Justicia), Archivo del Servicio Penitenciario Federal, Museo Penitenciario Federal, en el Barrio de San Telmo, Buenos Aires, Argentina. El 24 de mayo de 2006, el patio del Museo Penitenciario se iluminó por el sol del otoño. El alcalde Benegas despliega el libro de "Detenidos especiales". Se asombra ante la pregunta: — ¿Alcalde, por qué la entrada de Valle a la Penitenciaría y su fusilamiento el 12 de junio del 56 aparece intercalado en los registros de 1957?. — No sé, me extraña. Pero esto no lo manejamos directamente nosotros.

Quien tuvo ese Libro de Registros en 1957 debió anotar apresurada y desprolijamente el nombre de Valle para legalizar que había sido fusilado allí. El registro de Valle es: "preso político 4.498"; y asentado luego del registro 4.497 de Amílcar Darío Viola, ingreso 26 de abril de 1957. Luego, el registro salta al 4.499, de Carlos Vázquez, ingreso 8 de octubre de 1957. Lo que ocurrió en abril de 1957, para que el registro de Valle fuera introducido subrepticiamente, fue que para esa fecha, Walsh había logrado estallar la polémica por los asesinatos en los basurales de José León Suárez. El 24 de abril de 1957, la Corte Suprema de Justicia dio un fallo en el caso Livraga: pasar todas las actuaciones a la Justicia Militar. Al mismo tiempo que pasaba la responsabilidad estricta de esos fusilamientos a los militares, cerraba el camino en la justicia civil.

El 9 de junio de 1956, la autodenominada Revolución Libertadora (que había derrocado al presidente Juan Domingo Perón y establecido un gobierno de facto) fusiló a militares y a militantes políticos, en los basurales de José León Suárez, en el partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Se trataba de peronistas que intentaban restablecer el orden constitucional interrumpido por la dictadura del general Pedro Eugenio Aramburu y del almirante Isaac Rojas. La masacre fue un crimen de lesa humanidad implementado desde el Estado nacional, al amparo de la denominada Revolución Libertadora. La explicación de aquellos aberrantes hechos sigue pendiente en la cultura nacional. Una vez más los uniformados de turno, constituidos según la Constitución de 1851 en bandas armadas (es decir, un ejército irregular bajo el escudo del aparato estatal) salían a matar libre e impunemente a sus opositores. Los responsables de esta masacre buscaron la impunidad de los delitos al borrar u ocultar registros. Así la historia fue abortada por el régimen.